Compas queridxs, buenas tardes; en Ecuador estamos pasando por momentos conflictivos. Actualmente se está desarrollando una movilización indígena que demanda atención por parte del Estado con políticas públicas que gestionen los graves problemas de pobreza, exclusión y marginalidad a los que históricamente han sido sometidos y que se ha agravado primero por la pandemia y ahora, en el contexto de crisis generalizada de la economía mundial, por los altos precios de combustibles y materias primas.

En concreto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha presentado 10 demandas puntuales: reducción y estabilización del precio de los combustibles; moratoria y renegociación de las deudas de la banca pública, privada y cooperativa; precios justos para los productos del campo; empleo, derechos laborales y libertad de sindicalización; moratoria a la ampliación de la frontera extractiva y reparación por los impactos socioambientales; respeto a los 21 derechos colectivos; alto a la privatización de sectores estratégicos; políticas de control de precios y especulación para los productos de primera necesidad; salud y educación; y seguridad, protección y políticas públicas ante la ola de violencia.

En ese contexto, el gobierno del conservador Guillermo Lasso ha decidido optar por recaudar los excedentes petroleros como fuente de ahorro para recuperar el valor de los bonos (pagarés) de deuda externa internacional a los organismos internacionales, a la par que redujo considerablemente el presupuesto de salud, educación y servicios sociales. En esas condiciones la situación económica y de existencia de pobladores rurales y urbanos empobrecidos se ha tornado crítica.

El paro del movimiento indígena, que entró en su décimo tercer día el 25 de junio, recibió un brutal ataque por las fuerzas del orden, fundamentalmente en la ciudad de Quito que se encuentra militarizada. De hecho, elementos uniformados arremetieron contra el movimiento indígena dejando hasta el momento 5 muertos, 6 desaparecidos, 97 heridos, cientos de detenidos y 97 niños desaparecidos por la estampida que provocaron cuando dispersaron violentamente la asamblea general indígena. Además, el 14 de junio se produjo la cuestionable detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, quien a pesar de haber sido liberado el mismo día continúa con medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía General del Estado.

Ahora mismo, la Asamblea Nacional debate la posibilidad de una muerte cruzada que implica cesar las funciones del presidente y convocar a unas elecciones anticipadas. Si la propuesta no prospera, Ecuador entrará en una espiral de violencia nunca antes vista. Los militares usurparon y tomaron las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y han bombardeado con gases lacrimógenos los lugares de paz y acogida para el pueblo movilizado; todo ello amparados en la declaratoria de un estado de excepción en 6 provincias que inició el 18 de junio y que restringía las libertades de tránsito y asociación. A su vez, el Gobierno está empleando un lenguaje bélico para describir una guerra interna en donde el enemigo es el que opina y piensa diferente que la esfera gubernamental, aquel que demanda atención estatal y que ahora es denominado terrorista. Además, impulsa contramarchas para enfrentar a la población civil en base a diferencias raciales y económicas.

Solicitamos a todxs quienes les sea posible difundir esta información para que se conozca la situación de Ecuador.

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